La empresa Emérita denuncia "reuniones insólitas" durante la licitación de la Mina de Aznalcóllar y defiende su solvencia

El segundo día de juicio oral por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar ha permitido escuchar las cuestiones previas de la Fiscalía, que no ve indicios de delito, de Emérita Resources, que perdió el concurso, Andalucía Mining, a quien se le expropiaron los permisos sobre los terrenos, y Ecologistas en Acción. La defensa de Emérita Resources rechazó las argumentaciones realizadas en la sesión anterior por las defensas de los 16 encausados, que solicitaron que se eliminaran las pruebas obtenidas de manera ilícita en el proceso, vulnerando los derechos fundamentales de sus clientes. "Se han explicado cosas sin fundamento, pero muy bien explicadas", expuso.

El letrado de Emérita advirtió de que las detenciones fueron realizadas conforme a derecho, porque "era necesario detener a estas personas para tener unas mayores garantías". Además, expuso que no se vulneró la intimidad de los encausados con el acceso a sus correos corporativos. "Fíjese si era necesario que se habían borrado o que faltaban correos de funcionarios de un año y medio", además. "Fíjese si era necesario investigar los correos", insistió recalcando que 14 funcionarios habían borrado los correos del tiempo señalado y que el acceso a los mismo se había hecho con todas las garantías.

Señaló la defensa de Emérita que hay reuniones que "se salen de lo normal. No es normal que un mando de la Junta de Andalucía llame a mi representado para una reunión un domingo". Posteriormente incidió en un auto firmado por cuatro magistrados donde se retratan "reuniones insólitas".

También se centró la defensa de Emérita en dar valor al trabajo realizado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y la juez Alaya. El letrado refirió centró el debate "magníficamente" y "dio luz" a mi representado "porque hasta entonces nos encontrábamos con un muro".

Si el abogado de Emérita aseguró que sí explotará la mina en caso de que la acción judicial le sea favorable, la defensa de los encausados aseguró que el CEO de Emérita había expuesto lo contrario. "Son vendedores de activos financieros, no mineros".

Sobre la falta de legitimación "por insolvencia sobrevenida", el letrado negó rotundamente que Emérita sea "insolvente ni esté en causa de disolución" y pasó a probarlo con distintos argumentos económicos como que en la bolsa de Toronto es la empresa minera número 34. "Como prueba de refutación, destacar que Emérita tiene Iberian Belt West que está en Huelva donde se declara por el tema de esta mina "proyecto de interés estratégico" con el BOJA del 25 de septiembre", resaltó el letrado.

Emérita recalcó que ellos su oferta "triplicaba a la del otro grupo" para hablar de malversación y exponer que la decisión finalmente tomada era contraria a los intereses de toda la sociedad por lo que ello exponía.

Por su parte, la defensa de Andalucía Mining se centró en asegurar que sí habían sido perjudicados por la expropiación de la explotación. Por eso cuando se le expropiaron los derechos que tenían sobre el terreno decidieron no presentarse. "Se expropia para dar esos derechos en el proceso de concurrencia. No se presentó, dijeron (en la primera sesión). No concurre porque le acaban de expropiar los derechos. Se decidió pelear el justiprecio, pero no acudir", aseguró el letrado.

Además, aseguró que su cliente había tenido conocimiento de que su activo había sido adjudicado a Minorbis "a un valor escandalósamente superior al justiprecio por el que le habían expropiado".

La fiscalía, que fue la primera en exponer, rechazó que se vulneraran derechos de los encausados detenidos, como señalaron en la apertura del proceso las defensas de los mismos. Por lo tanto, entendió que no se debían anular las pruebas conseguidas en las diligencias previas practicadas. Igualmente, la fiscal recalcó que la sección séptima de la Audiencia Provincial revocó hasta en dos ocasiones el sobreseimiento de la instructora porque "entendió que todo ese contingente probatorio debía ser analizado por el órgano de enjuiciamiento". Es decir, "deben ser sometidas a las garantías del proceso penal".

Grupo México "se parece a Boliden"

Por su parte, Ecologistas En Acción cargó en la puerta de la Audiencia Provincial contra la multinacional que Grupo México, que junto a Matgel, integra el grupo Los Frailes. "Se parece mucho a Boliden y tiene un currículum de desastres ambientales en toda América muy importante", afirmó Isidoro Albarreal. Comparaba así a la actual adjudicataria de los permisos con la firma que explotaba la mina en 1998, cuando se produjo el desastre medioambiental por la fractura de la balsa de metales pesados del complejo minero. De hecho, Alborreal aseguró que en 2014, Grupo México también reventó una balsa minera en su país, "contaminando todo el río Sonora".

Igualmente, Albarreal consideró "llamativo" que los funcionarios encausados de la mesa de contratación estén representados por el mismo "bufete que representa a Minera Los Frailes". El representante de Ecologistas en Acción, acusación popular en el proceso, ha señalado a tres acusados: Salvador Camacho Lucena, secretario general de Medio Ambiente de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente; Iván Maldonado, jefe del Servicio de Minas; y Juan Manuel Revilla, secretario de la mesa. Cree que todos ellos conocían lo ocurrido y ha instado al resto de funcionarios a "determinar claramente cómo fueron los hechos".

Por último, ha solicitado Ecologistas en Acción que se paralice la concesión administrativa por el "principio de precaución": "No se le puede dar ningún permiso ambiental a un proceso que está judicializado y que tiene tantos escollos, tanto ambientales como en el proceso de adjudicación".