Joaquín Merino, presidente de Emerita, afirma que sufrió "extorsión" en la licitación de la mina de Aznalcóllar

Nueva y extensa sesión en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla del juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al grupo México-Minorbis. En esta ocasión ha prestado declaración en calidad de testigo Joaquín Merino, presidente de la empresa Emerita Resources España, denunciante del caso y firma perdedora en la licitación del proceso minero. Durante la comparecencia, que aún continúa y se alarga ya más allá de las ocho horas, Merino ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y los letrados de la acusación y los acusados.

El presidente de Emérita ha asegurado que días antes de que comenzara el concurso sufrió, incluso, un presunto caso de "extorsión" por parte del presidente de Magtel, matriz de Minorbis, que no denunció porque en ese momento no supo si debía elevarla a esas instancias. Según expuso en su testifical, Mario López Magdaleno, uno de los acusados en este juicio, le propuso un "acuerdo" porque grupo México no mostraba interés y Matgel solo no sería capaz de sacar adelante la empresa.

La empresa Emérita denuncia "reuniones insólitas" durante la licitación de la Mina de Aznalcóllar y defiende su solvencia

"Después de todo lo visto, yo creo que intentaba extorsionarme, sacar una ventaja", dijo. Insistió luego en que no denunció porque faltaban "unos días para presentarnos al concurso" y, "en ese momento ir a denunciar una situación puntual que iban a negar, no vi que fuera lo que tenía que hacer".  Luego, afirmó haberse reunido con López Magdaleno para contarle en qué consistía el proyecto, "porque podía haber aspectos donde él podía participar en una actividad. Nunca lo vi como un socio porque no aportaba más allá de una participación", apuntó. "Le expliqué las formas de participar", dijo, aseverando en la misma línea que no era "una propuesta seria".

Además, ha apuntado Merino que María José Asensio Coto, acusada en este juicio y por entonces directora general de Minas de la Junta de Andalucía, les habría preguntado a ambas partes si habría posibilidad de que llegaran a "algún tipo de acuerdo" para llevar a cabo la empresa unidos.

La denuncia de Emérita, por tanto, llegó una vez resuelta la licitación. "La pusimos porque habíamos visto muchos indicios de que no se había resuelto [el concurso] de forma coherente", dijo. "Emérita no pone la denuncia porque no haya ganado, sino por todos los hechos y circunstancias que se fueron dando después", apuntó.

Ha apuntado igualmente que hubo "falta de información" por parte de la Junta de Andalucía durante el proceso y ha señalado que los criterios del concurso eran "ambiguos en cierta medida".

Los técnicos que participaron en el concurso de la mina de Alnalcóllar defienden la adjudicación: "La posición de Emérita no tiene fundamento"

"Los criterios más notorios para nosotros, donde vimos que había una intención en contra nuestra, fueron criterios donde había una partida, un número y había una valoración cualitativa", expuso con el ejemplo del "cálculo de las cuadrículas mineras". 

El testigo asegura que se reunió con la Junta de Andalucía en varias ocasiones durante el proceso, aunque no tildaría aquello de "comunicación fluida". Simplemente se realizaron las reuniones que se pidieron, entre ellas una celebrada un domingo a las 20 horas que el abogado de Emérita calificó de "insólita" en la primera sesión.

El presidente de Emérita señaló que conocía las bases del concurso y que algunas de ellas fueron dadas de manera subjetiva porque "están sujetas a criterios de los funcionarios". "Yo lo que digo es que esas puntuaciones fueron dadas con cierto favoritismo", llegó a testificar en contra de lo que han venido defendiendo los funcionarios en las sesiones anteriores.

Gran parte de las preguntas han versado sobre el punto de equilibrio, un criterio que Merino no recordó incorporar en el punto exacto en el que se pedía. Eso sí, alegó a pregunta de la fiscal que, estando fijados los costes y los beneficios, los licitadores podían calcularlo con facilidad. Cuestionado sobre por qué participó Emérita en el concurso que finalmente se adjudicó a Minorbis, Merino declaró que lo hicieron "porque nos interesaba ese recurso mineral".

Defendió Merino que el proyecto de Emérita comprometía 640 millones de euros por los 304 de Minorbis, argumento que en gran parte sustenta la acusación y que los funcionarios acusados explicaron en sesiones anteriores que no era definitorio para la adjudicación según las bases.

Negó Merino casi al final de la sesión que Emerita hubiera cometido ilegalidad alguna en el proceso, aunque sí afirmó haber sufrido un "perjuicio personal". Merino respondió también sobre la venta de acciones de Emerita que realizó tras una publicación en prensa de este caso, pero aseguró que "en ningún momento hemos manipulado el mercado jamás".

Los acusados

Cabe recordar que en este juicio hay un total de 16 encausados. Entre ellos se encuentran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de Magtel; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y María José Asensio, ex directora general de Minas de la Junta de Andalucía. El resto son funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso.

A los acusados se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.