El juez cita a declarar a la consejera Catalina García en la causa por los contratos de emergencia del SAS

El juez titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha aceptado la petición de Anticorrupción de que Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y ex viceconsejera de Salud, y a Roberto Ochoa, ex viceconsejero de Hacienda, en la causa que investiga posibles irregularidades en los contratos de emergencias del SAS. Lo ha hecho a través de una providencia fechada el pasado 26 de noviembre.

La idea es que expliquen por qué el 6 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno acordó sin informes ni fiscalización previa que los contratos de la Consejería de Salud pasaran de un sistema de fiscalización previa a un modelo de control financiero permanente.

Tras la declaración de los primeros testigos en esta causa, se supo que el expediente llegó al consejillo (el órgano que reúne a los viceconsejeros con carácter previo al Consejo de Gobierno) sin que incluyera la modificación de los contratos del Servicio Andaluz de Salud, sino que fue justo en esta reunión cuando se acordó que se ampliara y se incorporara de manera oral.

Fue la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, la que apuntó que el origen de este acuerdo fue una conversación informal entre vice consejeros.

La citación de Catalina García y Roberto Ochoa ha sido señalada para el próximo 20 de enero de 2026. Además, en la misma providencia se señala que el plazo de Instrucción vence el próximo 1 de abril.

El resto de declaraciones

Las declaraciones de los implicados en este proceso se vienen produciendo desde la pasada semana. Este pasado miércoles, el entonces gerente del SAS Miguel Ángel Guzmán indicó que el acuerdo mencionado en ningún caso tiene su origen en el Servicio Andaluz de Salud y lo situó más en el entorno de la Intervención y la Consejería de Hacienda. "Yo soy el sufridor", aseguran fuentes presentes en la declaración que llegó a apuntar.

Este acuerdo del Consejo de Gobierno es la base de los expedientes que fueron adjudicados al menos hasta 2023 por el Servicio Andaluz de Salud a través de la fórmula de emergencia y, por tanto, con menos controles y una concurrencia limitada.

El expediente pasó a ser, tras la declaración de las interventoras del SAS, una pieza clave en la instrucción. De ahí que una parte de las declaraciones y de la documentación que recaba el juzgado se centre en aclarar quién adoptó esa decisión y por qué. Es además la principal parte del proceso que afecta directamente al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno, que ratificó la propuesta.

Cabe recordar que esta causa comenzó con la denuncia formulada por el PSOE y posteriormente se personó Podemos. La Fiscalía Anticorrupción pidió la declaración como testigos de García y Ochoa tras una sesión de comparecencias el pasado martes en la que han pasado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como investigados Diego Vargas, Miguel Ángel Guzmán y Valle García, aunque en este caso su citación se corresponde con decisiones adoptadas cuando ocupaba un alto cargo provincial.

Los tres gerentes justificaron su actuación tras la pandemia y alegaron que se siguieron realizando contratos a través de esta fórmula debido a que el sistema se encontraba "tensionado y a la incertidumbre" generada por la Covid. Los tres respondieron a las preguntas del juez, de la fiscal y de su defensa en unas comparecencias que han durado entre treinta y sesenta minutos cada una.

El pasado 18 de noviembre pasaron por el Juzgado de Instrucción número 13 para declarar como testigos Amelia Martínez, exinterventora general de la Junta (2019 y 2022) y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; el exdirector económico del SAS, José Antonio Miranda; y el exdirector de asistencia sanitaria de la Consejería de Salud, Hipólito Luis Carlos Martínez.