Piden 6 años de prisión a dos trabajadores de una empresa de desocupación por extorsionar a una familia sevillana

Entre tres y seis años de prisión. Esa es la pena que solicitan las acusaciones para dos trabajadores de una empresa de desocupaciones a las que atañen un delito de extorsión. Según el representante legal de la familia, les presionaron para que se fueran de su casa, que había sido vendida a pesar de que ellos tenían un contrato de alquiler para habitarla.

El piso está situado en la calle Comunidad Canaria y la familia vive allí desde 2006, tras una sentencia de divorcio. El Juzgado de Primera Instancia número 23 de Sevilla le atribuyó a la mujer, según sus representantes legales, el Bufete Sires Abogados, "el uso y disfrute de la vivienda sin limitación temporal".

El caso que imputa el delito de extorsión a los dos trabajadores de la empresa de desocupación será juzgado el próximo 4 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, en torno a las 17.30 horas: los acusados se personaron en el rellano de la vivienda y comenzaron a "llamar de manera insistente y violenta a la puerta, llegando a golpearla con fuerza, exigiendo que la denunciante abandonara el domicilio".

La denunciante llamó al 112 y al 091, personándose en el lugar de los hechos una patrulla de la Policía Nacional que identificó a las partes y levantó el atestado policial. Según los representantes legales de la familia, los dos individuos aseguraron ser empleados de una empresa de desocupación contratados por los propietarios. Todo ello a pesar de que, actualmente, según señalan desde el bufete de Sires Abogados, hay un procedimiento civil de desahucio en curso pendiente de resolución judicial.

Una grabación de audio

La denunciante dispone de un audio en el que se puede escuchar toda la conversación mantenida. Además, explican sus representantes legales que también hay vídeos donde se puede ver a los encausados en el rellano de la escalera.

Ante todo ello, el Bufete Sires abogados ha pedido en representación de la familia una medida de alejamiento de 500 metros de la mujer, del domicilio y de cualquier lugar que frecuente. Igualmente, se ha solicitado la prohibición absoluta de comunicación, directa o indirecta, por cualquier medio, incluyendo la utilización de terceros o empresas interpuestas, y de realizar actos de perturbación posesoria, tales como cambio de cerraduras, instalación de controles de acceso, presencia intimidatoria en zonas comunes o envío de terceros con idéntica finalidad.

"No están legitimados para ejecutar desalojos"

El letrado José Antonio Sires ha señalado que, "en un Estado de Derecho, ninguna persona física o jurídica está legitimada para ejecutar desalojos al margen de la autoridad judicial, ni para emplear intimidación, amenazas o coacciones con el fin de forzar la salida de ocupantes de un inmueble".

De la misma manera, piensa que "estas prácticas, propias de la autotutela prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, suponen una quiebra del principio de legalidad y generan una situación de grave inseguridad jurídica, especialmente cuando se dirigen contra personas en situación de especial vulnerabilidad".

Sires concluye su argumentación resaltando que "la defensa de la propiedad y de la posesión solo puede ejercerse por las vías legales, y que cualquier actuación al margen de los tribunales no será tolerada ni normalizada, debiendo recibir una respuesta firme del sistema judicial".