Tribunales
Antonio Sanz apoya a la gerente del SAS tras la investigación abierta en Córdoba: "Es una maniobra desesperada del PSOE"
Es la tercera causa judicial iniciada contra el Servicio Andaluz de Salud y apunta a la época en la que Valle García era gerente de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba–Hospital Universitario Reina Sofía

El consejero Antonio Sanz, en una foto de archivo en los nuevos quirófanos del Hospital de Valme.
La apertura de diligencias de investigación por parte de un juzgado de Córdoba para investigar presuntas irregularidades en la contratación pública del SAS en la provincia en los años 2020 y 2021 no preocupa a Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. El Tribunal de Instancia cordobés ha actuado tras una querella del PSOE denunciando los contratos menores, de emergencia y sus prórrogas firmados en los ejercicios postpandemia de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba-Hospital Universitario Reina Sofía, cuya gerente en aquellos momentos era Valle García Sánchez, actual gerente del Servicio Andaluz de Salud.
El consejero le ha trasladado su "plena confianza" a la directora del SAS. "Merece el total respeto y apoyo, desde luego, de este consejero, la plena confianza y la seguridad de que todo va a quedar aclarado".
Sanz cree que es "una estrategia desesperada del PSOE" que se dedica a denunciar "a diestro y siniestro" porque "no levante". El consejero piensa que este caso terminará archivado: "Tendrá seguramente el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras estrategias, como las denuncias ante fiscalías en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas". Sanz catalogó la estrategia de "absolutamente desesperada electoralmente".
La crítica de Sanz no ha terminado ahí. El consejero ha catalogado de "gran pobreza política" que la política del PSOE sea "presentar denuncias" y no tenga "capacidad de propuesta más allá de ir a los tribunales denunciando sin ton ni son".
Sanz piensa que las denuncias están basadas en una estrategia causada porque "la duda ya no es si ganan las elecciones, la duda que tiene el PSOE es si pasa a tercera fuerza política. Y claro, cuando uno se desespera de esa manera, solo encuentra caminos tan desesperados como ir a todos a los tribunales, sin presentar ninguna alternativa política".
Confianza en los juzgados
Sanz también ha destacado su "confianza" en los juzgados y ha resaltado que, por el momento, ni Valle García Sánchez ni ninguna otra persona está imputada en este momento procesal. "Por lo tanto, estamos ante un proceso que no debe llevar a más", aseguró el consejero sobre una investigación aún embrionaria que ya descarta algunos expedientes pero en la que entrará a valorar si hay criminalidad en decenas de ellos. Volvió a insistir en su confianza en la Justicia, el "respeto" y la "máxima colaboración".
El auto de apertura de diligencias, al que tuvo acceso este periódico, descarta la comparecencia de Valle García por el momento. Igualmente, también se solicita que se remitan al juzgado copias íntegras de los expedientes por parte de la Plataforma Logística Sanitaria de Córdoba. A la Intervención del SAS se le han pedido igualmente copia de los informes emitidos para cada uno de los expedientes investigados. El Servicio Jurídico del SAS también deberá dar cuenta de la normativa que atañía a las contrataciones en 2020 y 2021, el personal que los tramitó o con capacidad de decisión sobre los mismos y los criterios de selección de los licitadores.
La cordobesa es es la tercera causa abierta contra el SAS en los juzgados andaluces. Cabe recordar que Valle García y sus dos predecesores están investigados en Sevilla en una causa que investiga un delito de prevaricación por la presunta adjudicación irregular de 242 millones de euros en contratos sanitarios de emergencia tras la pandemia. Este proceso también parte de un querella del PSOE. Por su parte, en Cádiz, tras una denuncia de Podemos, la plaza 3 del Tribunal de Instancia indaga sobre el presunto fraccionamiento irregular de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros.
