Penas de 3 a 5 años de cárcel para los petaqueros: el nuevo castigo para las 'narcogasolineras' del Campo de Gibraltar

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la conocida como Ley contra la Multirreincidencia. El Ministerio del Interior ha celebrado esta aprobación ya que incluye, según fuentes de la Delegación del Gobierno, "el delito de adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente". El mismo se castigará con penas de tres a cinco años.

Esto busca condenar a los petaqueros con un tipo específico en el Código Penal. Es decir, "el objetivo prioritario de la reforma es combatir el suministro de combustible en el mar a las narcolanchas", apuntan desde la Delegación del Gobierno. Este delito se estaba castigando hasta el momento con la aplicación del Artículo 568 del Código Penal, que recoge: "La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como su fabricación, tráfico o transporte, o suministro de cualquier forma, no autorizado por las Leyes o la autoridad competente, serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años, si se trata de sus promotores y organizadores, y con la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación".

Esto había provocado incluso alguna controversia. A finales de 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz absolvió de este delito a un petaquero, aunque ya el Tribunal Superior de Justicia corrigió esta decisión y explicó que, aunque no se haga alusión a combustibles líquidos, el acusado "conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y asumía tal grave riesgo".

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía afirmar que la normativa recoge esta reforma "para anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga".

Cabe recordar que esta tipificación ha sido un reclamo histórico por parte de las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional. Entre enero y octubre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incautado 683.000 litros de gasolina en las seis provincias andaluzas afectadas por el Plan Especial de Seguridad Campo de Gibraltar (Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla).

Las imágenes de narcolanchas o furgonetas cargadas con garrafas de gasolina son habituales en la costa andaluza y ríos como el Guadalquivir o el Guadalete. Desde la Delegación del Gobierno apuntan que, además, "el vertido de combustible en zonas protegidas o la práctica habitual de arrojar las garrafas al mar tras el repostaje generan también un impacto ambiental directo sobre esos espacios". "En el ámbito de la seguridad y la salud públicas, el almacenamiento irregular de grandes cantidades de combustible en naves, garajes, trasteros e incluso viviendas, así como su transporte por carretera, incrementan la probabilidad de incidentes graves", insisten.