El juez procesa a Rafael Velasco, exsecretario del PSOE andaluz, por el "entramado" de ayudas irregulares de los cursos de formación

La plaza 6 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha procesado a Rafael Velasco en la pieza separada de los ERE por los cursos de formación, en la que se investiga el entramado empresarial vinculado al vicesecretario del PSOE andaluz. El auto señala que ya han sido practicadas todas las diligencias de instrucción, que han "determinado la posible perpetración continuada de los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El auto ha sido entregado hoy a las partes y mantiene investigado a Velasco, otras nueve personas y la empresa Aulacen Cinco, S.L, como responsable civil subsidiario. El auto señala que "el objeto del procedimiento -en síntesis- estaría constituido por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a Aulacen Cinco SL, vinculada con el investigado Rafael Velasco". El auto destaca que después de las pruebas practicadas, la resolución destaca: "Aulacen Cinco SL habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, en el marco de los siguientes expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE".

Además de contra Velasco, la acusación se dirige contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que en aquel momento era director del SAE. Cabe recordar que ya fue condenado en la causa matriz de los ERE por un delito de prevaricación y otro de malversación. También se dirige contra los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García y A.S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

La mujer de Velasco, administradora única de Aulacen, su hermana y el hermano y otra cuñada de Velasco también serán investigados en este proceso. Todos ellos pertenecían a la empresa que daba los cursos de formación.

No se llegaron a hacer las prácticas

Tras analizar los distintos expedientes, el juez concluye que "se habría incumplido la disciplina de concesión, control, pago y justificación de tales subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo; ello así, gracias al natural concurso de los beneficiarios, Rafael V. S. y Antonia M. L., con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención, en este caso, del Servicio Andaluz de Empleo".

El juez investiga un total de cuatro "ayudas, por importe de 28.752,30 euros, 41.296,50 euros, 82.593,00 euros (sólo seabonó el 75% inicial por importe de 61.944,76 euros) y 41.296,50 euros respectivamente, siendo el objeto de las mismas idéntico, destaca el hecho de que, la segunda de ellas, es por un importe superior en un 43% respecto a la recibida el ejercicio anterior, a pesar de tener las mismas condiciones, las mismas horas lectivas y estar dirigida la formación al mismo número de alumnos. Ello así, teniendo en cuenta particularmente que de forma sistemática en los cuatro expedientes se omite por Aulacen Cinco SL -en contravención directa de la disciplina aplicable- la aportación de presupuesto o estimación del coste de la actividad formativa presentado, por lo que los criterios de valoración seguidos por la Dirección General de Formación para el Empleo para otorgar una subvención por aquellos importes resultan indefinidos e inmotivados".

Igualmente, se destaca que "todo ello además, en el marco de una continuada atribución de fondos públicos y otorgamiento de subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en favor de Aulacen Cinco, S.L.; entidad que habría sido beneficiaria de otros numerosos expedientes de subvenciones (que no son objeto de la ilícita disposición de fondos públicos objeto de la presente causa) dirigidas a la Formación para el Empleo entre los ejercicios 2006 a 2011".

El auto destaca que, "pese a que se incluye en todos los expedientes la mención sobre la realización, durante la formación subvencionada, de prácticas y otras gestiones encaminadas a la inserción laboral", la realidad es que "no se llegaron a hacer ni las prácticas, ni otras gestiones encaminadas a la inserción laboral, como entrevistas y reuniones con diferentes empresas".

"En lo relativo a los alumnos que fueron seleccionados para llevar a cabo la formación, se han encontrado deficiencias en la documentación que deberían haber presentado para poder realizar los cursos objeto de las subvenciones; no consta el proceso de selección de los mismos, y tales deficiencias deberían haber determinado la imposibilidad de participar en aquéllos; en tal sentido destaca el hecho de que, como se ha señalado, varios de ellos guardaban vinculación personal y/o familiar con Velasco y su mujer", señala el escrito.

Gastos injustificados

Además, en todos los expedientes se incluía a Antonia como docente. "Sin embargo, tal y como han asegurado, en sus declaraciones en sede policial y judicial, los diferentes alumnos que participaron en los cursos, realmente la Sra. M. L. no habría ejercido como docente en ningún curso". Por lo tanto, "su inclusión en la correspondiente actividad formativa, tanto en la ficha técnica del curso como en la cuenta justificativa de las cuatro subvenciones objeto de la presente causa, habría sido completamente irregular y mendaz, no ajustándose a la realidad". A ella también se le imputaron "gastos en concepto de tutoría y elaboración de material didáctico, funciones ficticias que tampoco habría desarrollado".

De "forma injustificada y fraudulenta, Antonia habría imputado gastos y recibido remuneraciones por un importe total de 60.965 euros. Esto ocurrió igualmente con su hermana, que habría cobrado 19.000,93 euros, "de forma injustificada".

La relación de Velasco con Aulacen

El juez atribuye a Velasco una vinculación con la empresa de su mujer y la tramitación de estos expedientes. El auto explica que Velasco habría recogido personalmente, en nombre de Aulacen Cinco, S.L. la propuesta de programación del Curso de Formador Ocupacional. En otra ocasión el que recogió la documentación fue su chófer y en una última Luis N. B., "quien, en el momento de producirse tales hechos, se encontraba bajo la dependencia directa (era su Jefe directo) dentro de la estructura organizativa del PSOE de Andalucía. Este último apuntó que Velasco le pidió que recogiera la documentación "en su nombre".

A los hermanos del matrimonio, el auto los señala como presuntos cooperadores de los hechos delictivos. Igualmente, destaca la participación de Alonso S. F., "quien sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo sin que hubiera obtenido el nombramiento para esa responsabilidad".

En definitiva, recoge el auto, Aulacen "habría sido beneficiaria injustamente de una continuada disposición de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía -y del Fondo Social Europeo- para la realización de actuaciones formativas para desempleados, por un total de 193.938,30 euros (y que habría culminado con un último pago por importe de 10.324,12 euros, verificado con fecha 21 de marzo de 2019); ello así, como se ha dicho, al margen de la legalidad vigente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en claro perjuicio de la generalidad de empresas -en especial, de las del mismo sector de actividad- y desempleados, privándoles de concurrir a su concesión acreditando las condiciones y requisitos habilitantes de su percepción; con desprecio de elementales normas de procedimiento en la gestión de fondos públicos, y con incumplimiento de la disciplina de concesión, control, pago y justificación de subvenciones dirigidas a la Formación para el Empleo".

A causa de la complejidad de la causa, el juez ha decidido ampliar el plazo establecido para presentar los escritos de conclusiones provisionales. Una vez se haga, se ampliará el plazo para la presentación de escritos de defensa.