El II Congreso Andaluz de Segunda Oportunidad analiza en Sevilla las dificultades que limitan la efectividad de este sistema

La disparidad de criterios en la interpretación judicial y la burocracia procedimental siguen siendo los principales obstáculos para que ciudadanos y autónomos puedan acceder de forma efectiva a la exoneración de sus deudas. Así se ha puesto de manifiesto en la apertura del II Congreso Andaluz de Segunda Oportunidad, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, que reúne a juristas de toda España para analizar los retos actuales de este mecanismo.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, ha puesto en valor que "la segunda oportunidad encarna uno de los pilares fundamentales de la abogacía: la protección de los más vulnerables. No es solo una herramienta técnica, sino un instrumento de justicia material que permite a personas y familias rehacer su vida y recuperar su dignidad tras una situación de sobreendeudamiento".

El coordinador del Congreso, Fernando Azcona, ha subrayado que "la segunda oportunidad debe entenderse como un auténtico derecho vinculado a la dignidad y a la posibilidad real de reintegración económica y social”, si bien ha advertido de que su efectividad “aún dista de ser plena debido a la persistencia de interpretaciones dispares, obstáculos procedimentales y una aplicación que en ocasiones se aleja del espíritu de la normativa europea”, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia un modelo más coherente y accesible.

Ana Carrasco Martínez, diputada responsable de formación en el ICAS, ha destacado que "la formación continua es esencial para garantizar una práctica jurídica rigurosa y eficaz en un ámbito tan complejo y en constante evolución como el de la segunda oportunidad, y encuentros como este Congreso permiten a los profesionales actualizar conocimientos, compartir criterios y mejorar la calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía”.

Durante la jornada inaugural, magistrados, abogados y expertos han coincidido en señalar que, pese a los avances normativos, la aplicación práctica del sistema continúa presentando importantes limitaciones, especialmente en aspectos como la interpretación judicial, la complejidad procedimental o el tratamiento de determinadas deudas.