Dos asesores fiscales dieron de alta a 14 trabajadores fantasma en un bar de Sevilla para que cobraran el paro: la dueña no sabía nada

Dos asesores fiscales, administradores de una empresa de consultoría afincada en un pueblo de Sevilla, se enfrentan a una petición de dos años de prisión en la Audiencia Provincial de Sevilla. La Fiscalía les acusa de haber dado de alta hasta a 14 empleados fantasma en un bar para que estos pudieran cobrar el desempleo de manera fraudulenta. La Sección Séptima tiene previsto juzgar este caso los próximos 14 y 15 de abril.

El Ministerio Público explica que ambos acusados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, procedieron a dar de alta en la Seguridad Social en un bar a terceros que, de este modo, conseguían los días necesarios de cotización para obtener prestaciones por desempleo". Los acusados, según relata el escrito de acusación, "en algunos casos recibían cantidades en metálico a cambio".

Este modus operandi se produjo entre 2013 y 2017. No existía el conocimiento ni el consentimiento de la propietaria del establecimiento. Tanto es así que, según explica la Fiscalía, la Tesorería General de la Seguridad Social le reclama una adeudo por el impago de los seguros sociales de estos trabajadores "cuyo importe exacto no se ha podido determinar".

Los acusados remitían al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) los contratos suscritos con estos trabajadores firmados. Sin embargo, la firma no correspondían a la empresaria ni "en nada respondían a la realidad".

Algunos de estos trabajadores fantasma llegaron a cobrar de prestación por desempleo cantidades superiores a los 15.000 euros, según la Fiscalía. En total, el SEPE pagó a estos trabajadores un total de 63.41,50 euros. Algunos llegaron a firmar dos contratos.

La Fiscalía cree que ambos acusados son autores de un delito continuado de falsed en documento oficial como medio para cometer un delito continuado contra la Seguridad Social. Solicita para ambos una pena de dos años de prisión, una multa de 2.160 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.