El Constitucional limita la construcción de viviendas en suelo rústico en Andalucía

El Tribunal Constitucional ha desestimado este martes por unanimidad prácticamente en su integridad el recurso contra la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada por el Gobierno de la Junta de Andalucía en 2021. Eso sí, el Alto Tribunal ha tumbado la posibilidad que planteaba el Gobierno andaluz de construir edificios residenciales en suelo rústico.

El Gobierno andaluz aseguró que aún no conoce la sentencia pero defendió que “en absoluta anula” su ley sino que, al contrario, la “refrenda”. El recurso, destacan, ha sido “desestimado por unanimidad” del Constitucional. Desde la Junta aseguran que sí se podrá seguir construyendo viviendas unifamiliares en suelo rústico, que “fue la gran apuesta” de la ley. Se permite, insisten fuentes del Gobierno, “usos industriales, terciarios o turísticos” en suelo rústico y “viviendas aisladas” siempre que “no induzcan a nuevos asentamientos”.

Esta demanda fue presentada durante la anterior legislatura del Congreso por 50 diputados de Unidos Podemos, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Hace ya dos años que el recurso fue aceptado por el Alto Tribunal, en marzo de 2022, y, pese a que el pleno del Constitucional ya lo había abordado en enero de este año, todavía no había tomado ninguna decisión al respecto.

Asimismo, el Alto Tribunal declara inconstitucional que no haya que pedir licencia previa a para usos mineros, recogido en el artículo 137 de ley por vulnerar las normas de medio ambiente, ya que excluía los usos mineros de esta exigencia urbanística municipal.

Aprobación "urgente"

Pese a las peticiones de las formaciones de izquierdas, entre las que no está el PSOE, el TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad por la tramitación con urgencia de la norma. El fallo TC alega que la demanda no concreta por qué es inconstitucional la vía escogida por el Gobierno andaluz a la hora de impulsar esta ley, que lideró la Consejería de Fomento de la anterior legislatura, con Marifrán Carazo a la cabeza. En su escrito los demandantes destacaron que esta norma “no precisaba de aprobación urgente”.

Esta ley fue una de las medidas emblema del Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos durante la anterior legislatura para “resolver de forma adecuada los problemas de la ciudad del siglo XXI”, con el objetivo de adaptarse “a la diversidad de los municipios que componen el territorio andaluz”.

Con ella, el Ejecutivo quería dar respuesta a las demandas para simplificar la normativa y agilizar los procedimientos urbanísticos. Todo ello fundamentado, según indica la ley, en el concepto de sostenibilidad como modelo territorial. La admisión de este recurso por parte del TC no supuso la suspensión de su vigencia o su aplicación.

"Especualción"

El texto fue aprobado en el Parlamento andaluz el 25 de noviembre de 2021, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, la abstención del PSOE y los votos en contra de Adelante Andalucía y Unidas Podemos por Andalucía, que consideraban que la norma favorece la especulación y es contraria a la sostenibilidad, pese a su nombre. De hecho, estos últimos presentaron dos enmiendas a la totalidad del texto, ambas rechazadas por la Cámara.

Según explicó en 2022 la diputada de UP por Córdoba, Marina Velarde, esta ley buscaba “convertir todo el litoral andaluz en un pelotazo urbanístico para vender nuestra tierra a las grandes multinacionales de la construcción”. Velarde insistió en que con la norma se iba a «a las épocas la especulación» y que su puesta en marcha supondría el enriquecimiento de “unos poquitos a costa de todos los andaluces”.

También en 2022, el diputado sevillano de UP Miguel Ángel Bustamante, la ley “está concebida para el negocio” y “solo busca generar una burbuja más que una transición justa y sostenible del territorio”. Además, Bustamante explicó que la norma “sustituye el racional ejercicio de la potestad municipal planificadora, por una suerte de urbanismo aleatorio que permitirá introducir usos y explotaciones destructoras de los valores ambientales con que cuenten los suelos afectados”.