La "vacuna contra la pobreza" no llega: uno de cada siete andaluces en riesgo recibe el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica de periodicidad mensual que se implementó en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social. Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, difundido este lunes, y elaborado con datos del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, evidencia los problemas y el "laberinto burocrático" en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la gran medida social del Gobierno, cuatro años después de su puesta en marcha.

En Andalucía, solo recibe esta prestación el 14,43% de las personas en riesgo de pobreza. Es decir, una de cada siete personas que vive esta situación. Una proporción en la línea de la media nacional que está en torno al 12,2%. La cuantía media mensual del IMV por persona es de 164 euros y 492,4 por hogar, según esta publicación.

Esta organización indica que cuando se impulsó el IMV, en 2020, la previsión inicial era llegar a 850.000 que se encontrasen en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). Pero "la realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa". "Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV solo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza", aseguran.

La cuantía media mensual del IMV por persona es de 164 euros y 492,4 por hogar

Grandes diferencias entre comunidades

Se da la paradoja, por tanto, de que comunidades autónomas más ricas que Andalucía, como es el caso del País Vasco, cuenta con un nivel de implantación del subsidio mucho mayor que la comunidad autónoma andaluza, aunque son territorios que también cuenta con mayor población. El informe revela las grandes diferencias en esta entre regiones. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).

La denuncia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales realiza en este ámbito es que las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera "renta garantizada" corresponden a un porcentaje muy inferior a las que se encuentran en situación de pobreza severa.