Andalucía lidera las cifras de prostitución con las multas a los puteros en el centro del debate

En España hay entre 25.000 y 30.000 personas que ejercen la prostitución, la gran mayoría de ellas mujeres, según una investigación de la asociación especializada In Género, que calcula que existen alrededor de 800 prostíbulos, y al menos 2.500 pisos y 50 lugares de calle donde se lleva a cabo esta práctica. Según la organización, ocho de cada diez personas que ejercen la prostitución son migrantes.

Estos datos son un avance de una investigación que ultima esta organización a partir de más de 4.500 cuestionarios que han contestado personas en situación de prostitución. De ellos se desprenden que un 14% de estas mujeres se prostituyen en las ciudades y pueblos de Andalucía. Es la tercera comunidad, por detrás de Madrid y Cataluña.

Este informe pone el foco, además, en el aumento de la trata y la explotación sexual. De las 6.000 personas que atendió la entidad en 2023, alrededor de 1.300 en Andalucía, detectaron a 914 posibles víctimas de explotación sexual y a 47 posibles víctimas de trata.

Por todo esto, las multas a proxenetas y clientes como método eficaz para acabar con una actividad alegal en el país continúan con fuerza en el centro del debate, mientras algunas ONG piden que se tenga en cuenta a la hora de legislar la visión de las trabajadoras sexuales a pesar de la fuerte oposición del movimiento abolicionista.

Una ley para perseguir el proxenetismo

El grupo parlamentario del PSOE en el Congreso registró de nuevo en marzo una proposición de ley para modificar el Código Penal y prohibir todo tipo de proxenetismo. Una iniciativa muy similar a la presentada en la anterior legislatura, que se fue postergando y diluyendo por las diferencias con sus socios de Gobierno, la polémica de la Ley de Libertad Sexual, y la convocatoria de las elecciones generales. Diferencias que incluso se dieron en el seno de la propia formación política, con un manifiesto contra los clientes de prostitución en sus filas.

Este martes se debatió su admisión a trámite en el Congreso en un clima especialmente bronco en el que el Grupo Socialista ha perdido la votación. El PP, el único partido que comparte los principios en los que se sustenta la norma, pidió a los socialistas que retiren la ley y busquen un consenso amplio en el seno del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero los socialistas se negaron a retirar su propuesta.

Al término de la votación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha escrito en su perfil de X (antes Twitter) que "todos los partidos se han retratado hoy [por este martes] en el Congreso. Las socialistas somos las únicas que nos hemos mantenido firmes en la defensa de los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres. Seguiremos trabajando para abolir la prostitución y el gran negocio del proxenetismo".

Otro varapalo que se suma a los continuos retrasos de las normas en este ámbito, como los que ha experimentado en los últimos años la futura Ley Integral contra la Trata, a través de la que se abordaría las situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual y su protección.

¿Nos queréis clandestinas o nos queréis con derechos?

Extrabajadora sexual

"La persecución no es la solución"

El Correo de Andalucía ha contactado con una extrabajadora sexual que afirma que las prostitutas no están en el debate de las multas o el abolicionismo: "Es un debate que precisamente pone en la agenda el movimiento abolicionista. Cualquier Ley que quiera aprobarse no va a acabar con el trabajo sexual. ¿Nos queréis clandestinas o nos queréis con derechos?", asegura.

Según esta exprostituta, el colectivo no se siente representado por las organizaciones sociales que trabajan en este ámbito, y habla de ellas como "la industria del rescate". "Somos sujeto de sus estudios para presentar proyectos, pero no nos preguntan a nosotras", apostilla. La ex trabajadora sexual está convencida de que la persecución no es la solución e insta a las administraciones a dotarlas de instrumentos para realmente tener derechos efectivos.

Sin multas a clientes en Sevilla

Entre otros puntos, la proposición de ley socialista preveía castigar a las personas que recurren a servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico. Además, establece que “en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución”.

Precisamente, la falta hasta ahora de una normativa estatal homogeneizada es una de las demandas clásicas de las organizaciones sociales especializadas. Una circunstancia que ha generado una amplia disparidad en las ordenanzas municipales impulsadas por los ayuntamientos para sancionar a los clientes.

Además, su aplicación es desigual. De hecho, en Sevilla no se han difundido datos nuevos sobre las multas en este ámbito desde 2022, cuando el Consistorio admitió que no se habían impuesto sanciones en los últimos dos años.

La ordenanza municipal contra la explotación sexual de mujeres, en vigor desde el año 2011 y que fue modificada en 2017 contempla sanciones de entre 500 y 3.000 euros para las personas que contratan servicios sexuales en la calle. 

Multas a las mujeres

Sí cuenta con datos recientes sobre su Ordenanza de Convivencia Ciudadana el Ayuntamiento de Málaga. En el caso malagueño, se da la paradoja de que se han duplicado las sanciones a las mujeres, mientras que bajan las sanciones a los clientes.

Las sanciones a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle en capital aumentaron más de un 160% en 2023, frente a las 11 impuestas a los clientes que fueron a demandar sus servicios. Por todo ello, Médicos del Mundo denunció recientemente que se multe a estas mujeres en extrema vulnerabilidad. Estas sanciones se encuentran entre 750 y 1.500 euros.

La "criminalización del trabajo sexual"

A este respecto, y ante la complejidad de un tema que divide a la sociedad, a los partidos y hasta a las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional ha pedido este lunes que se realice estudio de la prostitución para contar con datos realmente fiables que puedan servir como base para el diseño de las políticas y normativa.

La organización pide "llevar a cabo una consulta significativa con los colectivos de trabajadoras sexuales sobre los asuntos que les afectan y que se aborden sus preocupaciones para evitar impactos negativos en sus derechos humanos". Todo ello bajo el hashtag #CriminalizarMata.