La Junta respalda ya que los institutos prohíban el móvil en clase y en el recreo

Ahora habrá que ver la puesta en práctica de la medida, pero la Junta de Andalucía acaba de mover ficha en lo que respecta al uso de móviles en los institutos de la comunidad. Una instrucción con fecha de 4 diciembre de 2023 fue remitida ayer a todos los centros educativos dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para “la regulación del uso de los teléfonos móviles”. La circular especifica algo que la mayoría de los institutos ya aplicaba siguiendo sus propios Reglamentos de Organización y Funcionamiento, pero la novedad es que por primera vez el Gobierno andaluz lo pone negro sobre blanco y lo publica, a saber: que “podrá retirarse al alumnado los dispositivos móviles”. Tal medida correctora, dice la circular, “deberá efectuarse en las dependencias administrativas del centro o en alguna otra de cualquier miembro del equipo directivo en presencia de, al menos, dos miembros del mismo y solicitando al alumnado que proceda a apagar el teléfono móvil”. La instrucción continúa especificando, en su tercer apartado, que “el teléfono móvil retirado será depositado en el despacho de la dirección del centro que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumnado afectado”. O sea, lo que muchos institutos practican ya –quitarles el móvil a los chicos y guardarlos en un cajón de los despachos hasta que vengan los padres a recogerlo- pero con el respaldo de la propia Consejería.

La nueva instrucción de la Junta insiste en que “las correcciones que haya de aplicarse al alumnado habrán de tener un enfoque educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado”. Además, se insiste en el papel de los profesores que estén prestando el servicio de guardia, pues son ellos los que deberán “prestar especial atención y extremar la vigilancia durante los períodos de cambios de clases y recreos”, ya que son en estos tiempos muertos donde la mayoría del alumnado suele sacar el móvil.

La circular enviada ayer a los centros reconoce que de estos aspectos ya se encargaban los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los centros y saca a relucir los decretos de aprobación del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria del 13 de julio de 2010, que ya contemplaba –hace 13 años- las normas sobre utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado”. Pero en 13 años ha llovido mucho en lo que a avances tecnológicos se refiere. Y mientras que en 2010 había un porcentaje limitado de alumnos que acudían al instituto con un móvil, hoy en día es una excepción el chico o la chica que, a partir de 12 o 13 años, no acude a clases con el móvil en el bolsillo. En este sentido, la circular especifica que “la accesibilidad a las tecnologías de la comunicación y muy especialmente el uso de los teléfonos móviles ha generado una nueva forma de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas que incide de manera en el desarrollo y en el modo en que interactúan alumnos y alumnas” y se refiere a “determinadas conductas no cívicas ni ejemplarizantes desde un punto de vista educativo, social y emocional” que “son cada vez más amplificadas y expuestas a través de la inmediatez de los dispositivos digitales y especialmente de los teléfonos móviles”. Desde luego, la redacción de la instrucción no es ajena a los escandalosos casos de ciberbullying y atentados contra la intimidad producidos en los centros públicos andaluces en estos últimos años. Por eso se reconoce que “es prioritaria la adopción de medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación” y que “es aconsejable potenciar e intensificar actitudes y mecanismos preventivos y proactivos”. En este sentido, se dictan estas disposiciones relacionadas con el uso de los teléfonos móviles en los centros docentes, “estableciendo su interpretación a fin de que sean objeto de una aplicación homogénea en Andalucía”.

Ambigüedades

En cualquier caso, la instrucción del Gobierno andaluz no habla de prohibir, sino de “limitar el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida esta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares” y usa un verbo y no otro porque, a continuación, añade que “salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados, teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas”. La pelota, por lo tanto, está ahora más en manos del profesorado que del alumnado, pues se deja abierta la puerta a que los docentes manden llevar el móvil con fines didácticos de cada materia siempre que su uso se justifique pedagógicamente. Hoy en día, se da la circunstancia de que muchas asignaturas –y no solo las puramente tecnológicas- cuentan con recursos digitales que el alumnado puede manejar desde el móvil, de modo que dependerá del profesorado la generalización o no del uso del móvil en el centro.

Por supuesto, la Junta insiste en que “esta limitación excluye el uso de estos dispositivos al alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales, que tendrán que ser debidamente acreditadas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado”. La limitación que cada centro adopte deberá se recogida a partir de ahora en sus reglamentos de organización y funcionamiento.

La Inspección estará pendiente

En la nueva instrucción remitida ayer a los centros se señala que la Consejería diseñará y ofertará a lo largo del segundo y tercer trimestre de este curso escolar “programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital”. Esta misma formación se hará extensiva a las familias. Por otro lado, “la Inspección Educativa, en el marco de su Plan General de Actuación, velará por el cumplimiento de las presentes instrucciones y asesorará e informará en relación con las mismas a los distintos sectores de la comunidad educativa”.