Nuevas medidas fiscales y créditos ICO para el campo de Andalucía

El Gobierno ha presentado a las organizaciones agrarias un documento con 43 medidas, entre ellas créditos ICO por valor de 700 millones de euros, reforzar la Agencia de Información y Control Alimentarias y medidas fiscales, con las que se pretende dar respuesta a las demandas de agricultores y ganaderos con el objetivo de alcanzar un acuerdo y poner fin a las movilizaciones del campo de los últimos meses.

El conjunto de las 43 propuestas se agrupa en siete bloques: simplificación y flexibilización de la Política Agraria Común (PAC); cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.

El Gobierno suma este paquete a los 1.380 millones de euros que ha dado en apoyos directos en los últimos dos años. Precisamente, la semana pasada se publicó la resolución para el pago de la última línea de ayudas, 252 millones de euros para más de 131.000 productores de tierras de cultivo de secano, arroz y tomate para industria.

Simplificar la PAC

Entre las 15 propuestas de este bloque se incluyen medidas de flexibilización en la aplicación de las Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM) sobre gestión de labranza (BCAM 5), coberturas de suelo (BCAM 6), rotación de cultivos (BCAM 7) y barbechos (BCAM 8), que podrán tener aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2024, de forma que sea ya efectiva para las solicitudes de ayudas cuyo plazo está actualmente abierto.

Además, se eximen de controles a las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, lo que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55 % de los perceptores de ayudas de la PAC en España.

Igualmente, se flexibilizan y simplifican los criterios para la aplicación de ecorregímenes; se adoptan medidas para incentivar la aplicación del cuaderno digital de explotación, que pasa a tener carácter voluntario, y se propone a la Comisión Europea la eliminación de la obligatoriedad de presentar fotos georreferenciadas con las solicitudes de ayuda para demostrar el estado de los cultivos. También se flexibiliza la aplicación del real decreto sobre nutrición de suelos y se establece el principio de inspección única, en coordinación con las comunidades autónomas, para evitar que una misma explotación sea sometida a más de una en un año.

En materia de ganadería, se prorroga la fecha para la obligatoriedad de disponer de un plan sanitario integral en las explotaciones y para la identificación electrónica de los bovinos y se flexibilizan ciertos requisitos del decreto de ordenación bovina.

Comercio internacional

El Gobierno se compromete a defender en todos los foros comunitarios que en los acuerdos comerciales con terceros países se incluyan la aplicación de cláusulas espejo para que los productos que se importen estén sometidos a las mismas condiciones de producción que la UE exige a sus Estados miembros.

La Unión Europea está cada vez más cerca de este objetivo, aseguró el ministro Planas, que es una larga reivindicación de Estados como España y Francia, y que sí cuenta ya con una mayoría en el Parlamento Europeo, aunque no en el Consejo. Ha señalado que la UE aplica ya el reglamento de deforestación o las tasas de carbono en frontera para los países que no tienen reducción de emisiones de CO2, que son medidas equivalentes a lo que supone la aplicación de las normas en materia de utilización de productos fitosanitarios, que es en lo que consisten las cláusulas espejo.

Entre las medidas propuestas por el ministerio se incluye el compromiso de exigir a los alimentos importados límite cero de residuos de productos no autorizados en la UE. Además, se contempla el reforzamiento de los controles en frontera de las importaciones y el establecimiento de un grupo de trabajo permanente con las organizaciones agrarias para hacer un seguimiento de las importaciones y las exportaciones.

Refuerzo de la ley de cadena

El Gobierno mejorará y reforzará la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria al convertirla en agencia estatal, con lo que contará con mayor estructura para incrementar las relaciones comerciales objeto de control.

Seguros Agrarios

El Gobierno se compromete a tomar las medidas necesarias, en diálogo con las organizaciones agrarias, para garantizar el futuro del sistema de seguros agrarios en una situación en la que las adversidades debidas al cambio climático han disparado en los dos últimos años la siniestralidad y el nivel de indemnizaciones. El ministerio mantendrá el apoyo a la contratación de pólizas y confía que con la aportación que también hagan las comunidades autónomas se pueda llegar al máximo subvencionable permitido por la Unión Europea (el 75 % de la prima comercial).

Medidas fiscales

Hay distintas líneas de apoyo a la financiación del sector agrario, que permitirían movilizar unos créditos por importe de 700 millones de euros.

Habrá una aportación extraordinaria de 20 millones de euros, más otros siete para avales en la línea de crédito ICO-MAPA-SAECA, permitirá movilizar 200 millones en créditos para jóvenes agricultores. Además, el ministerio aportará 50 millones de euros para garantizar operaciones de crédito de entre 100.000 y 200.000 euros que, según las estimaciones, podrían generar la concesión de créditos por 500 millones de euros.

Se mantiene el tipo reducido para los hidrocarburos de uso agrícola, además de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 35 % en los carburantes y combustibles y del 15 % en los fertilizantes. En consideración de la actual coyuntura del sector agrario, se establecerá una reducción del 15% en el rendimiento neto para la declaración de la renta por el sistema de módulos y se adaptará el cómputo de los ingresos para la aplicación del límite máximo de tributación por este sistema, entre otras medidas.

Plan contra la tuberculosis

El ministerio aportará financiación para los gastos destinados a las campañas del plan de actuación contra la tuberculosis que no puedan ser cubiertos por fondos comunitarios y para los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra enfermedades animales emergentes, como la hemorrágica epizoótica.

En la primera quincena de abril se constituirá el foro sobre ganadería extensiva para analizar los principales problemas y desafíos que afectan a este tipo de producción, tanto sanitarios como económicos y de rentabilidad.

Relevo generacional

El ministerio convocará una Conferencia Sectorial monográfica extraordinaria para abordar con las comunidades autónomas el problema de la necesidad del relevo generacional en las actividades agrarias para elaborar una propuesta conjunta de actuaciones que lo favorezcan, así como el empleo más eficiente de los recursos de la PAC.