Operación empresarial

El PP asume que el Gobierno debe controlar la entrada de Abu Dabi en Naturgy pero sin que el Estado invierta en su capital

El partido de Núñez Feijóo interpreta que la ley anti-opas concede suficiente capacidad al Ejecutivo para intervenir cualquier inversión extranjera en la gasista

Albertó Núñez Feijóo preside una reunión del comité de dirección del PP, en una imagen de archivo.

Albertó Núñez Feijóo preside una reunión del comité de dirección del PP, en una imagen de archivo. / Tarek (PP)

Rosa María Sánchez

Rosa María Sánchez

El Partido Popular ve razonable que el Gobierno vigile la entrada de la empresa emiratí Taqa (sigla con la que se conoce a la Empresa Nacional de Energía de Abu Dabi) en la energética española Naturgy (donde aspira a hacerse con el 41% del capital), pero rechaza cualquier tentación del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que el Estado entre a formar parte en el capital de firma de origen catalán, como ya está haciendo en Telefónica. "El Gobierno ya tiene a su alcance la ley anti-opas para frenar la operación si llegara el caso, sin necesidad de tener que entrar en su capital", afirman las fuentes consultadas en el Partido Popular.

Desde el partido que preside Alberto Núñez Feijóo se subraya que el carácter estratégico de Naturgy justifica que el Gobierno esté encima de cualquier intento foráneo de entrar en su capital, sobre todo si se trata de un país extracomunitario. La empresa que preside Francisco Reynés no solo es la primera gasista española y la tercera mayor eléctrica; además, es titular de la infraestructura gasista del país y es copropietaria -junto con la compañía pública argelina Sonatrach (51%) y el fondo de inversión BlackRock-, del gasoducto submarino Medgaz, que conduce gas natural directamente desde Beni Saf, en la costa argelina, hasta Almería en Andalucía. Además, desde el PP se hace notar que Naturgy está llamada a jugar un papel esencial en las conducciones del hidrógeno verde.

"¿Queremos que en el gasoducto de Naturgy con el Gobierno argelino entre capital emiratí?", se preguntan de forma retórica las fuentes consultadas, antes de autorresponderse que, como mínimo, es una cuestión que debe ser controlada por el Ejecutivo español. "Pero eso, en ningún caso justificaría la entrada del Estado en el capital de la gasista, como ya se empieza a sugerir", añaden.

El PP reclama información

Desde el Ejecutivo, no se afirma la entrada del Estado en el capital de Naturgy, pero tampoco se descarta: “Habrá que ver si tiene sentido o no que tenga el Estado una participación. Es prematuro”, es todo lo que ha dicho la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al ser preguntada por la eventual entrada de la pública SEPI en el accionariado de la gasista. “Por ahora lo que se impone es la prudencia vigilante”, afirmó Ribera, subrayando que es “importante que el resultado de cualquier operación nos garantice que una empresa tan importante como ésta, que es la primera gasista española y tiene actividades reguladas de primer alcance, no tenga ningún tipo de problema en su gestión”. El socio minoritario del Gobierno, Sumar, reclama que se vete la opa emiratí a Naturgy y pide entrar en la compañía con capital público.

En el Partido Popular se afea la imagen de despiste que -a su juicio- está dando el Gobierno, por no haber dispuesto de información adelantada sobre los planes de Taqa, de acuerdo con CriteriaCaixa (el brazo inversor de la Fundación La Caixa, que preside Isidre Fainé), para su entrada en el capital de Naturgy. Se considera además, que cuando Pedro Sánchez tuvo conocimiento de la operación debía haber informado de ello al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Lo que el Gobierno pueda decidir sobre esta operación va a tener consecuencias en los próximos años. Hablar con la oposición sobre ello daría tranquilidad a los inversores. Además, presentar una posición conjunta daría muy buena imagen de país, tanto si es a favor como en contra de la operación", apuntan los populares. Aventuran que si, llegado el caso, Sánchez y Núñez Feijóo acordaran una posición contraria a la operación "no haría falta ni aplicar la ley anti-opas, porque ningún inversor extranjero se atrevería a dar un paso en esas condiciones políticas".