El PP desmonta en el Senado la ley para dar la nacionalidad a los saharauis y les obliga a vivir dos años en España

La abstención del Partido Popular ante la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis ya hacía prever que los populares harían uso de su mayoría absoluta en el Senado para modificar la norma. Y así ha sido. Los populares han introducido nueve enmiendas en el texto que cambian el espíritu de la norma de cabo a rabo. En lugar de conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, como se aprobó en el Congreso, el PP lo ha retocado para que sea necesario que hayan residido legalmente durante dos años en España para poder acceder a ella. La reforma dejaría así sin efecto la principal novedad que había incorporado la Cámara Baja: permitir obtener la nacionalidad aunque el solicitante no residiera en territorio español.

Gracias a su mayoría absoluta, los populares han dado el visto bueno a sus enmiendas durante el trámite de ponencia de la ley en el Senado, una reunión a puerta cerrada en la que los grupos fijan una primera posición sobre el texto antes de que pase por comisión. Otro de los cambios planteados es que se elimina la posibilidad de que los hijos de estos saharauis puedan optar también a la nacionalidad española. También desaparece el procedimiento específico que había diseñado el Congreso para tramitar estas solicitudes, así como el listado de documentos con los que los interesados podían acreditar su condición de saharauis nacidos bajo administración española. El PP propone que esa acreditación se determine posteriormente por vía reglamentaria.

El texto, por tanto, se vacía de buena parte del contenido que recibió el visto bueno del Congreso, con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG y la abstención de PP y Junts, a comienzos de septiembre. La norma quedaría fundamentalmente reducida a una modificación del Código Civil para incluir a los saharauis entre los colectivos que pueden solicitar la nacionalidad después de dos años de residencia legal en España, en lugar de los diez años exigidos con carácter general, equiparando su situación a la de "nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal".

No obstante, el texto modificado deberá pasar ahora por la Comisión de Justicia y, posteriormente, por el pleno del Senado. Será después cuando tenga que volver a la Cámara Baja y se abra la posibilidad de que el Congreso rechace los cambios introducidos por el Senado y recupere el texto que aprobó inicialmente. Sin embargo, todo estará en manos de Junts. Previsiblemente, PP, Vox y UPN se opondrán a levantar estos cambios, con lo que sumarán 171 votos en contra, mientras que el Gobierno, con los socios que respaldaron el texto, suma 172 votos. Así, será Junts, con sus 7 escaños, que se abstuvo en el Congreso, quien tendrá en su mano la capacidad de revertir los cambios impulsados por los populares y permitir que se recupere el texto original.

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