Los blanqueadores de Plus Ultra participaron en la corrupción de Maduro para sustraer fondos de la lucha contra el hambre

La causa abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero incluye un eje de investigación centrado en el uso presuntamente irregular de los 53 millones de euros del rescate que recibieron en marzo de 2021 los directivos de la aerolínea Plus Ultra. Esta línea de las pesquisas apunta a una compleja operativa de blanqueo de capitales para ocultar, entre otros delitos, la sustracción de fondos de la lucha contra el hambre en Venezuela.

Entre los implicados está Alex Saab --supuesto testaferro de Nicolás Maduro-- y también el financiero neerlandés que se negó a declarar el pasado viernes en la Audiencia Nacional Simon Leendert Verhoeven, a los que se sumaría el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Los dos últimos están siendo investigados por el juez Calama por indicios obtenidos en colaboración con las autoridades suizas, francesas y estadounidenses, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La colaboración judicial se evidencia en documentos como el que la fiscal suiza Sylvie Bertrand-Currere remitió en octubre de 2024 a la fiscal anticorrupción española Elena Lorente, la misma que terminó presentando querella contra Verhoeven y Baca --junto con los venezolanos Gabriela Puente, Danilo Alfonso y Kirsthian Alegre-- tras ver indicios de que el dinero que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) española se utilizó para devolver unos préstamos a una empresa radicada en el país helvético. Se trataba, según apuntaba ya la investigación suiza, de blanquear cantidades ilícitas procedentes de ventas de oro del Banco de Venezuela pero también de los fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados (CLAP).

La investigación, según el documento al que ha tenido acceso este periódico, se originó como resultado de diversas alertas de sospechas transmitidas por entidades como Swissquote Bank, Banque Syz y Banque Migro. También por comunicaciones periodísticas que relacionaban a Baca Arbulu con el programa CLAP actuando como testaferro del exministro venezolano Alex Saab, quien el pasado 15 de septiembre se declaró culpable de conspiración para blanqueo de capitales y transacciones financieras ilícitas ante las autoridades estadounidenses, que le consideran 'hombre de paja' de Nicolás Maduro.

Esquema delictivo

Según la Fiscalía suiza, se sospecha que altos funcionarios corruptos del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a los que no identifica, "habrían adjudicado, en un proceso no transparente, contratos sin licitación y sobrevalorados relacionados con el programa CLAP a empresas pantallas".

Estas empresas fueron las que obtuvieron de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior la autorización para importar productos alimenticios a Venezuela, pero desviaron la mercancía al mercado negro. Para realizar estas operaciones se establecieron contratos en euros, tratando así de evitar los controles antiblanqueo implementados por las instituciones financieras estadounidenses en el caso de que estas operaciones se hubieran realizado con dólares estadounidenses.

Según la fiscal suiza, la operativa corrupta sería la siguiente: "los propietarios reales de las empresas pantalla involucradas en el programa CLAP habrían actuado como intermediarios para el pago de sobornos, que corresponderían a la diferencia entre el precio estipulado en el contrato (sobrevalorado) y el valor de los bienes y servicios al precio de mercado.

En cuanto al financiero afincado en Mallorca Simon Verhoeven, la oficina suiza en materia de blanqueo de capitales (MROS) ya comunicó en octubre del 2021 que el neerlandés había sido mencionado en diversas comunicaciones entre 2017 y 2020 en relación con la malversación de fondos en Venezuela, concretamente por operaciones supuestamente corruptas relacionadas con la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela (PDSVA), las ventas sospechosas de oro, el programa CLAP "y el polémico rescate financiero de la aerolínea española Plus Ultra", apunta la justicia helvética.

Móviles incautados

Por esta razón los suizos emitieron una solicitud de asistencia judicial dirigida a las autoridades francesas y obtuvieron un informe, con fecha de diciembre de 2023, que había sido realizado por la Autoridad de los Mercados Financieros que justificó la apertura de un proceso penal también en Francia. En el marco de dicha investigación se logró incautar teléfonos móviles pertenecientes a Luis Felipe Baca "cuyo análisis reveló la existencia de una organización aparentemente dedicada al blanqueo de capitales a gran escala".

Dicho informe señala que Baca y su socio Romain Bruere estarían organizando transferencias de grandes flujos financieros, sin justificación económica, entre empresas situadas en diversos a países y gestionadas por testaferros, "que en algunos casos benefician a personas sujetas a sanciones internacionales", unas operaciones que les otorgaron beneficios económicos que se califican de "considerables". Esta actividad sugiere a los investigadores la posibilidad de que ambos empresarios tuvieran acceso a "información privilegiada", lo que les implicaría también en delitos relacionados con el uso de dicha información.

Entre otras operaciones sospechosas, la fiscalía suiza apuntaba a "un intermediario financiero con sede en la isla Mauricio (Adamas Capital), para ocultar sus actividades en los mercados financieros". En cuanto a la problemática del origen de los fondos supuestamente blanqueados, el análisis del contenido de los dispositivos de Baca Arbulu permitió revelar "una actividad significativa en el movimiento de grandes cantidades de oro, valoradas en cargamentos que ascienden a varios cientos de millones de euros", para lo que se habría utilizado la entidad Noor Capital.

Los elementos recopilados por la investigación en Francia también parecen indicar que la organización a la que pertenecen Verhoeven, Baca Arbulu y Bruere estaría contribuyendo a facilitar a personas de origen extranjero (en particular, sudamericano) la inversión de sumas muy considerables en diversas clases de activos, "con un especial énfasis en la discreción" lo que para los investigadores "plantea interrogantes sobre la licitud del origen de dichos activos".

En su misiva, las autoridades suizas añaden que de la jurisprudencia del Tribunal Federal suizo se desprende que no es necesario probar de forma estricta el delito previo al blanqueo de capitales. Es suficiente que los activos blanqueados puedan ser causalmente atribuidos a una actividad que constituya un delito no prescrito. Con todos estos datos, respondían a un requerimiento de la fiscal Lorente, que quería saber sobre los indicios de una actividad criminal previa al delito de blanqueo de capitales de los fondos con los que se rescató a la compañía Plus Ultra.

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