El Senado aprueba definitivamente la ley que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad

Los funcionarios de prisiones ya son agentes de la autoridad. El Senado ha aprobado este miércoles de manera definitiva la ley que concede a estos trabajadores el carácter de agentes de la autoridad y refuerza su protección jurídica en el ejercicio de sus funciones. La norma, que fue impulsada por una extraña aritmética en el Congreso, ha salido adelante con esa misma mezcla anómala: PSOE, Sumar y todas las formaciones de la derecha —PP, Vox, Junts, PNV y UPN—. En contra, nuevamente, se han posicionado ERC, EH Bildu y BNG.

Tras años con iniciativas sobre la mesa, algunas impulsadas por populares y otras por socialistas, las Cortes Generales han terminado por aprobar una reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria que pasa a considerar expresamente a los funcionarios públicos de prisiones "agentes de la autoridad". La modificación pretende acabar con los distintos criterios judiciales que se habían producido hasta ahora sobre su consideración legal y dar mayor seguridad jurídica a su trabajo.

Los cambios

No obstante, uno de los cambios más relevantes afecta a los procedimientos disciplinarios sancionadores dentro de las cárceles. Cuando un funcionario haya presenciado los hechos, su informe podrá constituir "base suficiente para adoptar la resolución que proceda", siempre salvo prueba en contrario y sin eximirle de incorporar al expediente el resto de elementos probatorios de los que disponga.

A partir de la entrada en vigor de la norma, los funcionarios penitenciarios podrán además identificar su condición mediante su número de registro profesional en los procesos administrativos y judiciales derivados de su actividad. En Catalunya, que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, este reconocimiento ya se aprobó en enero. La reforma refuerza también la protección económica de estos trabajadores. La Administración deberá "resarcir económicamente" a los funcionarios cuando "sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio", siempre que no haya mediado dolo, culpa o negligencia grave por su parte.

Por último, si un funcionario penitenciario se ve inmerso en un procedimiento penal y es detenido, deberá permanecer separado del resto de detenidos. Esa misma protección se aplicará si ingresa en prisión o durante los traslados bajo custodia, con el objetivo de preservar su integridad física. Tanto el derecho al resarcimiento por daños como estas medidas de separación se extenderán también al personal laboral que trabaja en los centros penitenciarios.

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