Pumpido saca pecho por la sentencia de la amnistía y anuncia una doctrina “clara y precisa” sobre la malversación

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha sacado pecho este jueves por la sentencia que en junio del año pasado declaró la constitucionalidad de la ley de amnistía y ha anunciado, como considera que es una obligación de la corte de garantías, una doctrina "clara y precisa" sobre la aplicación del delito de malversación por el que se condenó y se procesó en rebeldía a los líderes del 'procés', asunto que está previsto que resuelva el pleno de la próxima semana.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Conde-Pumpido ha recordado que "el tribunal está sometido al imperio de la ley" y es el "intérprete supremo de la Constitución", lo que significa que es a quien compete su "interpretación". Para ello, debe establecer una doctrina que traslada a los órganos jurisdiccionales encargados de restablecer el derecho que se considera vulnerado, que en el caso de la amnistía sería el Tribunal Supremo. Por eso "cuando el TC dicta un fallo debe ser lo suficientemente claro y contundente. Debe ser un fallo claro, conciso", ha señalado al ser preguntado sobre la ponencia de sentencia en la que se muestra partidario de amparar a la 'exconsellera' Dolors Bassa. Esa sentencia, junto a la preparada por José María Macías para resolver el del secretario general de Junts, Jordi Turull, serán abordadas por el pleno de la próxima semana.

"Si el 6 de octubre tomamos una decisión, la comunicaremos inmediatamente a las partes" y al tribunal sentenciador, el Supremo, ha añadido Conde-Pumpido, que ha preferido no dar por bueno que se concederán ambos amparos, pese a que el rechazo de la primera ponencia presentada por Macías permiten augurarlo.

En este sentido, ha recordado que había leído que el propio Supremo ya había manifestado que aplicaría la doctrina constitucional que se estableciera respecto a los condenados por la Sala Segunda del Supremo por el 1-O (Bassa y Turull, pero también el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el 'exconseller' Raül Romeva) y a los procesados en rebeldía, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. En el primer caso, lo hará la Sala presidida por Andrés Martínez-Arrieta y en el segundo, por el juez que instruyó el 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena.

Respaldo europeo

Destacó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había citado la sentencia que declaró la constitucionalidad de la amnistía a la hora de declarar que no vulneraba el derecho de la UE y había declarado que reforzó la idea de que "la ley había servido para la pacificación del conflicto político" que se había producido. De hecho, previamente ya había citado "el proceso independentista catalán" junto al golpe de Estado y al terrorismo de ETA como los principales desafíos a los que se ha enfrentado el TC en sus 46 años de historia.

El presidente del Constitucional también se ha mostrado satisfecho por el plan de choque con el que comenzó su mandato para poder poner al día el tribunal y que le ha permitido dictar más de 200 sentencias, cifra que ha considerado "un número muy relevante", en el que no han faltado asuntos que presentaban un importante retraso, como el aborto o el juramento o promesa de los diputados y senadores a la hora de acatar la Constitución. También ha incluido las "sentencias con un alto impacto jurídico, social, jurídico o económico", como "el derecho a la muerte digna, la ley de educación de [la exministra] Celaá, las relativas a derechos de las "familias monoparentales, la personalidad jurídica del Mar Menor, las viviendas de uso turístico o la propia ley de amnistía".

En este punto ha manifestado que fueron "temas de especial relevancia que ocuparon" la actividad del TC y que le supusieron críticas, pero cumplió con su obligación. "Ya se han dictado más de 20 sentencias diferencias confirmando la constitucionalidad" de la amnistía, ha reiterado en referencia al rechazo de todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos y Asambleas legislativas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP más la de Castilla-La Mancha.

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