El fraude en los cursos formación del ex número dos del PSOE andaluz llega a la Fiscalía Europea

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ingnacio Vilaplana, ha acordado inhibirse en favor de la Fiscalía Europea en la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al "entramado empresarial" del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, al mediar en el asunto subvenciones concedidas con cargo al Fondo Social Europeo; para que dicha instancia comunitaria dilucide "si asume o avoca para sí la competencia para la instrucción/investigación de la causa.

En un auto de 85 páginas emitido este pasado jueves y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número 6 pormenoriza al detalle todos y cada uno de los aspectos de la investigación, explicando que "la actuación fraudulenta objeto de las presentes actuaciones podría afectar a los intereses financieros de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 80% del importe de las subvenciones concedidas en favor de Aulacen Cinco S.L. objeto de autos, por 193.938,30 euros, se habría financiado con cargo al Fondo Social Europeo".

Suspendidas las declaraciones

En consecuencia, el juez suspende las comparecencias que había fijado para que el 2 de abril declarase como investigado Rafael Velasco. El mismo día estaban citados como investigados a la esposa de Velasco y a otros cuatro familiares: la esposa era la administradora única de la empresa Aulacen la hermana de la anterior y cuñada de Velasco era la evaluadora en los cursos de formación subvencionados; otra cuñada de Velasco era la docente en los cursos de formación subvencionados; y el hermano de Velasco figura también como docente en tales cursos.

Citado el 2 de abril el exlíder del PSOE andaluz Rafael Velasco por su "entramado" de cursos de formación

También quedan suspendidas las comparecencias que estaban fijadas para el 23 de abril para que declarase como investigado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.

Para el 23 de abril estaban además llamados a declarar como investigados los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.

Este último, según la investigación, "sin ostentar cargo que le habilitara para ello, habría intervenido en los procedimientos y expedientes administrativos objeto de la presente causa, suscribiendo comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de subvenciones, recibiendo comunicaciones a su nombre, emitiendo certificados y participando en la toma de decisiones en la Jefatura de Servicio de la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo".

"Mendaz certificación"

Por ejemplo, le atribuye haber emitido un "certificado" sobre la homologación de Aulacen 5 en abril de 2005, una "certificación que se reputa mendaz dada la fecha de constitución de la sociedad el 12 de diciembre de 2005 y que la solicitud de la subvención se formuló el 15 de diciembre de 2005".

El juez califica de "mendaz" la certificación de uno de los certificados de homologación de los cursos de dados por Aulacen: es de fecha 5 en abril de 2005, cuando la sociedad se constituyó el 12 de diciembre y la solicitud de la subvención se formuló el 15

Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la "presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5", vinculada a Rafael Velasco.

Así, la citada entidad "habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular", en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.

"Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención", considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.