Comienza a declarar la excúpula de UGT-A, acusada de fraude en los cursos de formación

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla afronta desde este lunes una nueva fase del juicio promovido contra el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

En concreto, a partir de este lunes comenzarán a comparecer los acusados, empezando por el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; toda vez que la causa se dirige además contra el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Según el titular del Juzgado de Instrucción número nueve, Juan José Vélez, entre 2009 y 2013 mediaron "procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores", para que el sindicato contase con financiación propia gracias a subvenciones autonómicas destinadas a cursos de formación y que finalmente eran aplicadas a "fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido".

El extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio, testificaba en ese sentido que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba un "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.