Las viviendas turísticas tendrán un año para cumplir con la nueva regulación andaluza

La Junta de Andalucía da un plazo de un año a los propietarios de viviendas turísticas para que se adapten a la nueva regulación. El ejecutivo andaluz ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno el decreto de vivienda turística con el que busca “velar por la calidad, la legalidad y la mejor ordenación” de esta actividad económica.

Las viviendas turísticas representan ya la mitad de la oferta de alojamientos en Andalucía. Ante esta nueva situación, la Junta busca regular el sector para poder precisar el número de turistas, definir su perfil y conocer a los verdaderos explotadores.

Según ha apuntado el consejero de Turismo, Arturo Bernal, esta normativa nace del consenso y el diálogo de todos los actores del sector y que está inspirada en las normas que han aprobado otras comunidades autónomas. Entre los principales retos de este decreto estará acabar con la ilegalidad de estas viviendas y dotarlas de una mayor calidad.

La norma será oficial pasados los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y dará a los propietarios el plazo de un año para poder adaptarse a los nuevos criterios de habitabilidad y calidad. De esta forma, las viviendas deberán tener unos metros cuadrados mínimos, tener al menos dos ventanas y adecuar el número de cuartos de baños al número de plazas ofertadas por vivienda. Asimismo, se exigirán requisitos de confort, de ajuar doméstico o de climatización para garantizar la calidad de la oferta de alojamiento.

Colaboración entre administraciones

Bernal ha explicado que este decreto reconoce que los ayuntamientos tienen la responsabilidad urbanística de los alojamientos y que serán ellos quienes tengan las competencias para limitar el número de viviendas turísticas. Pese a ello, el consejero ha remarcado que el marco legal es el establecido por la Junta.

Además, nace la figura de la empresa explotadora, con la que se busca identificar al prestador real del servicio turístico con independencia del propietario de la vivienda. Con esto, el consejero ha señalado que se pretende proteger el “derecho de libre empresa” y profesionalizar la actividad.

Para comprobar que todas estas exigencias se cumplen, la Consejería formará a nuevos inspectores y el consejero ha señalado que están desarrollando “herramientas de digitalización que permitan el cruce de datos para tener la información de primera mano” y que esta esté disponible para todas las administraciones implicadas. Esta competencia sí que dependerá de la Junta, aunque Bernal ha aclarado que se “podrán acordar convenios de colaboración con ayuntamientos”.

Con estas nuevas medidas, la Junta busca, en palabras del consejero, compatibilizar “los derechos de los turistas con la población local, algo que siempre ha generado tensión y polémica”.