Tras Freixenet...Andalucía se apunta al ERTE especial por sequía con 75.000 empleos en riesgo

La sequía podría tener un impacto económico de alrededor de 6.000 millones de euros este año, que restaría en cuatro décimas al avance del PIB en Andalucía. Son conclusiones extraídas del informe LEO de la Universidad Loyola y la Confederación de Empresarios de Andalucía, presentado recientemente. El análisis incide en que el impacto económico no se refiere exclusivamente al sector primario, sino a todas las actividades complementarias, que se ven afectadas por "un efecto multiplicador" que afectaría a 75.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, echó manos de estos datos la semana pasada para hablar del "efecto dominó" de los problemas del campo en la industria y el sector servicios. La consejera afirmó que "a pesar de la lluvia caída en Semana Santa, la sequía provoca una situación difícil". Blanco, en este sentido, recordó un dato muy utilizado en los últimos meses por el Ejecuto andaluz, los dos puntos que la escasez de agua ha restado al PIB andaluz el año pasado.

La sequía podría tener un impacto económico de alrededor de 6.000 millones de euros este año, según un informe de la Universidad Loyola

En línea con estos planteamientos, el Grupo Parlamentario Popular ha llevado este miércoles a la Comisión de Empleo del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para demandar al Gobierno de España la adopción de medidas que favorezcan el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad de las empresas ante "una situación de extremada y persistente sequía", tal como recoge el texto registrado en la Cámara andaluza.

El precedente de Freixenet

Pese al precedente de la empresa catalana Freixenet, que pidió un ERTE por fuerza mayor por sequía en primera instancia que le fue denegado, para posteriormente lograrlo por circunstancia económica, el PP andaluz no ceja en su empeño. Esta vía también ha sido la utilizada por otras empresas agrarias andaluzas, la mayoría de ellas cooperativas agroalimentarias.

La iniciativa persigue lograr que se regule de modo específico "un procedimiento de expediente de regulación de empleo derivado de fuerza mayor" para las empresas y personas trabajadoras de los diferentes sectores afectados, aplicable en todas las comunidades autónomas que hayan adoptado medidas extraordinarias como consecuencia de la situación de sequía extrema. Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha ido aprobando planes especiales de sequía y otros instrumentos para combatir la sequía.

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Andalucía, la comunidad con mayor peso del sector primario

La PNL recoge que estos ERTE "se entiendan concedidos hasta el cese de la situación causante, con el reconocimiento de una bonificación del 100% de las cuotas empresariales y de las correspondientes prestaciones de desempleo a los trabajadores incluidos en los procedimientos, sin exigencia de periodo de carencia previo y sin consumición de periodos de prestación".

El Grupo Popular justifica estas peticiones debido al "grado de exposición a la sequía de Andalucía" en relación con el conjunto de España, aportando datos sobre el peso del valor añadido bruto del sector primario y la industria que supone el doble respecto a la media del país. También se alude a las exportaciones internacionales de productos alimenticios, que suponen la tercera parte del total de las mismas.

Una PNL alineada con las demandas del campo

La PNL del partido del Gobierno andaluz también reclama un "análisis riguroso sobre los efectos de la reforma laboral en el sector agrario" y que "se adopten medidas oportunas para adaptarla a las necesidades de producción y particularidades del mismo, así como a estudiar medidas de apoyo para aliviar el incremento de costes salariales, en un contexto de enorme dificultad provocada por múltiples factores, como el incremento de los costes de producción; las asfixiantes exigencias burocráticas y regulatorias; la aplicación de la nueva PAC con más exigencias ambientales que se hacen recaer sobre los agricultores y ganaderos, y la extrema sequía".

"El Ministerio de Trabajo no ha atendido todavía las cuestiones que plantean varias organizaciones agrarias en lo relativo a la adaptación la reforma laboral a las particularidades del campo ni sobre las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para poder asumir el incremento del salario mínimo interprofesional", añade el texto registrado el pasado 13 de mayo.

Rifirrafe con el Grupo Socialista

En el transcurso de la comisión parlamentaria, el vocal del Grupo Socialista, Víctor Torres, ha echado en cara al PP, que proponga ahora esta medida, habiendo votado en contra cuando ellos la quisieron impulsar, en diciembre de 2023, "siendo los únicos que no votaron a favor".

Torres ha afirmado que "para el Gobierno andaluz en unas cosas hay sequía y para otras no la hay". La PNL ha sido admitida a trámite con los votos a favor de Vox, voto favorable del PSOE en el primer punto, y abstención en el segundo.

A la espera de nuevas instrucciones del Gobierno

Con el fin de reducir el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, la consejera de Empleo ya ha propuesto al Gobierno central que se den instrucciones para que los ERTE motivados por la sequía sean considerados de fuerza mayor, en una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo y Economía Social del Gobierno, Yolanda Díaz.