Crisis en Fiscalía

La Asociación de Fiscales planta a García Ortiz en la reforma estatutaria después de que les identificara con el PP

El fiscal general señaló que encuentra "objetivos idénticos" entre algunas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos políticos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz / EP

Cristina Gallardo

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha respondido con contundencia a las manifestaciones en las que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, manifestaba que encuentra "objetivos idénticos" entre algunas asociaciones de jueces y fiscales y determinados partidos políticos. Consideran, aunque no se les citaba expresamente, que se ha puesto en duda su "actuación independiente y profesional", y por ello ha anunciado que se levanta de la mesa en la que se trabajaba en una reforma Estatutaria de cara al proyecto para dar la instrucción penal a los fiscales.

De este modo, la asociación -de marcada tendencia conservadora- sigue el camino que ya emprendió al abandonar estos trabajos la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cuya implantación es bastante más pequeña en la carrera pero que es la que ha puesto en cuestión el propio nombramiento de García Ortiz al recurrirlo ante el Tribunal Supremo.

De hecho, el pasado marte pasado los responsables de la Asociación de Fiscales sí acudieron a la segunda reunión para la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se celebró el pasado martes, y quedaron en volver a reunirse con los representantes de la Fiscalía General y la Unión Progresista de Fiscales que participa igualmente en este trabajo a mediados de junio, tal y como señalaron a El Periódico de España, del mismo grupo editorial, fuentes de la organización mayoritaria.

Tras las palabras de García Ortiz en la Cadena Ser el pasado jueves, que a juicio de la Asociación les acusa de estar politizadas y no respeta su trabajo - aunque el fiscal general no les citó les vinculó expresamente con el PP- la organización considera que "se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, acuerda levantarse de la mesa constituida al efecto".

Una reforma que queda en el aire

Fue el pasado 10 de abril cuando García Ortiz, cogió la delantera de cara a una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), un Anteproyecto de Ley elaborado durante la primera legislatura de Pedro Sánchez que se guardaba en un cajón tras la sustitución del ministro Juan Carlos Campo. Poner la instrucción en manos de los fiscales exige un cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal, y para ello se ha puesto en marcha un grupo de trabajo y se abre el debate a toda la carrera.

En la primera reunión estuvieron presentes, además del fiscal general, la fiscal de sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, han asistido la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus; el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

El pasado martes, sin embargo, Pallarés ya no estuvo presente tras denunciar su asociación un "comportamiento anómalo" del fiscal general y sus más estrechos colaboradores respecto de las querellas por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. El contenido de una nota de prensa sobre este asunto fue motivo de una querella contra la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso, Julián Salto, que fue admitida a trámite la pasada semana por el Tribunal Superior de Madrid.

La decisión de la Asociación Fiscales de abandonar las reuniones de trabajo viene a ahondar en el enfrentamiento que viene manteniendo esta organización con el sucesor de Dolores Delgado desde su nombramiento. De hecho, ya han solicitado varias veces su dimisión. Por su parte, García Ortiz atraviesa una etapa especialmente complicada  tras aprobar el Senado una moción en la que se exige al Gobierno su destitución y por haberse situado en guerra abierta con el Tribunal Supremo, que ha tumbado dos de sus nombramientos y a cuyos magistrados ha recusado por considerarles "contaminados" para revisar su propia designación.