Cómo se vive siendo madre en una cárcel de Sevilla

En España hay unas 4.000 mujeres presas cumpliendo condena. Suponen algo más del 7% del total de las personas encerradas en cárceles del país, según datos del Ministerio del Interior. En 2022, 80 mujeres convivían con sus hijos en las unidades externas de madres de instituciones penitencias.

El estudio Lactancia materna entre rejas: experiencias de las madres encarceladas en el sistema penitenciario español de la Universidad de Granada ha entrevistado a 30 de ellas. Seis cumplen condena en la cárcel de Sevilla. Esta investigación, realizada por la psicóloga Pilar Roig y la profesora de Filosofía, Ester Massó, en las unidades de madres externas de Sevilla, Alicante y en la unidad interna de Barcelona, entre 2021 y 2022, subraya las graves desigualdades y la discriminación que sufren las reclusas.

Políticas penitenciarias sin perspectiva de género

Muchas de estas presas proceden de diferentes países de África, Europa, Europa del Este y Latinoamérica. Todas ellas se encontraban en el momento de las entrevistas cumpliendo condena junto a sus hijos. En el caso de las madres del centro sevillano, por su parte, la mayoría son de nacionalidad española.

Las investigadoras recalcan en este trabajo la falta de políticas penitenciarias con perspectiva de género en España. También la escasa información que hay sobre este tema hasta el momento.

Hay que tener en cuenta que, de los cerca de 80 centros penitenciarios estatales, solo cuatro de ellos son cárceles para mujeres (Wad-Ras, en Barcelona; Alcalá de Guadaíra, en Sevilla; Madrid-I, en Madrid, y Brieva, en Ávila). Esto implica que, a pesar de que la ley establece las prisiones exclusivas para mujeres, en la práctica, cumplen condena en módulos femeninos dentro de cárceles de hombres. Además, recientemente se ha conocido que la cárcel sevillana de Alcalá se reconvertirá en un centro psiquiátrico, por lo que tiene los días contados.

En este contexto, la investigación detalla cómo concilian las madres el cumplimiento de su condena con la lactancia materna y la crianza en su etapa más temprana. También sobre las distintas situaciones a las que enfrentan en un momento vital tan vulnerable. 

Falta de profesionales especializados

"Con mi hija no pude porque, te voy a ser muy sincera, primero porque yo no me sentía bien. Yo no estaba bien psicológicamente. Estaba asumiendo algo muy duro. No me sentía tranquila, estaba insegura de todo. El ambiente de aquí… Porque no deja de ser una cárcel", sostiene una de las mujeres que participan en este análisis.

Entre sus principales conclusiones, las investigadoras señalan la necesidad de llevar a cabo políticas públicas y penitenciarias feministas. Sobre todo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y otros organismos nacionales e internacionales, que promueven la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses.

El análisis también muestra que no hay un suficiente personal sanitario formado en estas cuestiones en los centros penitenciarios. Por ello, recomiendan la formación y actualización de todos los agentes implicados en estas cuestiones. Las investigadoras recalcan, en esta línea, que "en ocasiones, estas recomendaciones no están basadas en evidencias científicas actualizadas" y son consecuencia del desconocimiento de los beneficios que tiene la lactancia materna. 

Los testimonios de estas mujeres son muy reveladores en este sentido: "A mí las educadoras me dijeron que, teniendo la edad que tenía, ya no era conveniente que siguiera dándole pecho... Que si le das pecho sigue siendo bebé, que no le dejamos avanzar mentalmente".

Violencia obstétrica en las cárceles

El estudio no solo analiza la experiencia de estas madres en la lactancia también pone el foco en posibles prácticas relacionadas con la violencia obstétrica durante la gestación, el parto y el puerperio. Esta violencia es la asociada a conductas realizadas por profesionales de la salud a mujeres desde el embarazo hasta el postparto.

A raíz de las experiencias de estas reclusas, Roig y Massó consideran que "debieran generarse e implementarse políticas concretas que eviten todas aquellas prácticas físicas violentas por acción u omisión (actos no informados, no apropiados, no consensuados, no consentidos) y psicológicas (trato paternalista, autoritario, humillante, vejatorio), que hagan alusión a la violencia obstétrica y, por tanto, supongan una violación de derechos humanos".